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La Revolución de las Temporeras Marroquíes ante el Abuso Sexual y la Explotación Racista

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Un grupo de jornaleras marroquíes expone la vulnerabilidad ante posibles abusos de mujeres extranjeras, analfabetas, solas y pobres.

Fátima se aprieta los pechos y, a continuación, se frota la vagina con una mano. Simula varios empujones al aire. La temporera marroquí, madre de dos hijos, describe el supuesto abuso de su jefe, un empresario de la fresa de Huelva. Ella gritó y lloró mientras él intentaba besarla a la fuerza y bajarle el pantalón, recuerda. Estaba furiosa y lo empujó hasta zafarse. “Entró como un animal. No iba a dejar que me desnudase. Antes lo mato”, relata con la ayuda de una intérprete.

Fátima es una de las ocho mujeres que en los últimos días han denunciado acoso o abuso sexual en los campos de fresa de Huelva. Sus denuncias han sido recogidas en cuarteles de la Guardia Civil y enviadas a la fiscalía de la provincia. Su experiencia no representa un calvario generalizado —este año han llegado a Huelva para trabajar en el tajo 17.000 mujeres marroquíes—, pero sí la denuncia explícita de una realidad que se esconde bajo la alfombra desde hace una década: la vulnerabilidad ante posibles abusos, más allá de los laborales, de mujeres extranjeras, analfabetas, solas y pobres. Cuatro de ellas aceptaron contar sus casos, bajo la condición de no revelar sus identidades.

A finales de abril la revista alemana Corrective.org, en colaboración con Buzz Feed Noticias, publicó un reportaje sobre los abusos laborales y sexuales en los campos italianos, marroquíes y españoles, en concreto, de Huelva. Aunque los alemanes resucitaron un tema que siempre ha estado latente, los empresarios y los sindicatos mayoritarios se unieron para negar tener conocimiento de ningún caso. La patronal lo achacó a una campaña de desprestigio de los competidores europeos contra la fresa onubense, un negocio fundamental para la provincia y que, según fuentes del sector, facturó 395 millones de euros en la campaña de 2016-2017.

Pero las denuncias empezaron a gotear en los cuarteles y en la prensa. El testimonio de dos víctimas y dos testigos de abusos sexuales en un campo de Moguer llevó a la detención, el 25 de mayo, de un manijero español de 47 años, responsable de supervisar el desempeño de las jornaleras. Las mujeres denunciaron que las chantajeaba con dejarlas sin trabajo si no mantenían relaciones sexuales con él. Quedó en libertad con cargos.

Por entonces, la Consejería de Justicia andaluza ya había pedido a la fiscalía de Huelva una investigación. El ministerio público, además, comenzó a rastrear si había denuncias sobreseídas desde 2015. “Las primeras denuncias nos parecieron serias. Las mujeres no se atrevían a declarar y tuvo que ir la Policía y la Guardia Civil a localizarlas”, mantiene el fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, en su despacho. En Marruecos, algunos medios ya exigían explicaciones a su ministro de Trabajo, responsable de la contratación en origen de las mujeres que todos los años envían a los campos españoles durante un mínimo de tres meses.

Fátima y otras nueve mujeres, que escaparon de la misma finca, llevan desde el martes escondidas en una casa de un pequeño pueblo andaluz de fachadas blancas, enclavado entre hectáreas de olivos. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) las acogió y las alejó de Huelva para garantizar que, al menos, las cuatro que han denunciado hasta ahora, ratifiquen su testimonio ante un juez. Dos abogados de AUSAJ están con ellas desde el principio y cuidan de la causa pro bono.

El SAT está siendo acusado de forzar a las mujeres a contar los abusos. Dos compañeras de estas mujeres se presentaron esta semana en un cuartel de la Guardia Civil para denunciar, en representación de otras 130 jornaleras, que sus compañeras mentían. Las acusaban de denunciar a sus jefes a cambio de poder quedarse en España y criticaban que la repercusión estaba preocupando a sus familias en Marruecos y que podrían prohibirles volver la temporada que viene. La ley de extranjería contempla una autorización de residencia para circunstancias excepcionales, como colaboración con las autoridades policiales o judiciales, pero no es una garantía y su concesión no depende de un sindicato. “Nosotros no ganamos nada con esto. De hecho solo nos están atacando. Pero no podemos permitir que siga sucediendo”, se defiende José Blanco, uno de los miembros del SAT.

Los pasaportes de estas diez mujeres están recién estrenados y muchos de ellos firmados con una equis porque no saben ni escribir su nombre. Han salido por primera vez de Marruecos para recoger fresas por 40 euros al día y servir de sustento a sus familias. Su perfil es el que buscan los Gobiernos marroquí y español para evitar que tras la temporada de recogida se queden en España: viudas, casadas o separadas, de 18 a 45 años, procedentes de zonas rurales y con hijos de hasta 14 años. Relatan que, en el campo, vivían en contenedores de chapa, amueblados con seis literas y sin agua potable. Los vídeos ­–grabados con sus teléfonos móviles– de los días lluviosos muestran cómo el agua se cuela a chorros por el techo. Aseguran que no cobraron nada por su trabajo y que tenían dificultades para comprar comida.

Aicha, madre de dos hijos, está embarazada de siete meses. Eso no le importó al empresario que entró en su dormitorio sin autorización, la cogió del brazo, intentó tocarle los genitales y, según la denuncia, le propuso mantener relaciones sexuales. En otra ocasión, cuando iba camino de la ducha, el mismo hombre se acercó de nuevo. Por gestos ella le dijo que estaba embarazada y casada, a lo que él le respondió –también gesticulando– que podría hacerle una felación o practicar sexo anal. “Esto no se lo conté a la policía por vergüenza y me arrepiento”, confiesa. Tras uno de esos episodios, Aicha sufrió un ataque de ansiedad. Nadie la llevó al médico. Tuvo que hacer autoestop para llegar a un centro de salud. Cuando cuenta que vino a España para conseguir pagar una operación que uno de sus hijos necesita, se desmorona. La intérprete, que hasta entonces se había mostrado distante, también rompe a llorar.

Otras dos mujeres de la casa corroboran el relato de sus compañeras y también denunciaron a su jefe. Con él aprendieron el significado de la expresión “friqui friqui” que solía ir acompañada de un billete de 50 euros. Estas mujeres afirman que las temporeras más veteranas a las que llaman “alcahuetas” las animaban a aceptarlo. Este periódico ha contactado con uno de los responsables de la empresa que ha declinado hacer declaraciones.

La jornalera embarazada no quiere volver a Marruecos, pero no por anhelar quedarse en España: “Ahora no puedo volver porque mi familia y la de mi marido me matarán. Tengo mucho miedo”. La repercusión mediática de los supuestos abusos y de una revuelta que protagonizaron en la finca llegó a los muros de Facebook de los suyos. Su marido la reconoció en las imágenes y le preguntó sobre los abusos. Ella le negó ser una de las víctimas. “Lo único que quiero es que se demuestre la verdad de nuestra historia”, mantiene. “Tengo que recuperar mi dignidad”.

María Marti y Sara Rosati para El País

Las Matriarcas de Mthatha en Sudáfrica

Al otro lado de las colinas del Cabo Oriental, en Sudáfrica, cabras y vacas pastan entre chozas isiXhosa tradicionales. Casi 20 mujeres se han reunido en un centro comunitario rural para compartir sus historias. Todos tienen un tema similar: Cómo se convirtieron en sostén de la familia y padres en sus nietos en la vejez.

Las mujeres reunidas aquí se han convertido en madres por segunda vez: cuidan de sus nietos, cuyos padres han ido a buscar trabajo a las ciudades. Además de esto, las mujeres también dirigen Sinovuyo Disabled Children Center, donde cuidan a niños con discapacidades.

Las mujeres de Tabase, en el municipio de Mathatha, ofrecen una instantánea de las luchas y la tenacidad de las mujeres mayores en todo el país. Según el censo de 2011, hasta los 60 años, los hogares tienden a estar dominados por hombres en toda Sudáfrica. Pero la misma información, junto con la Encuesta General de Hogares de 2015, revela que esto cambia con la edad a medida que las mujeres se convierten en el sostén familiar de las nueve provincias del país.

Esencialmente, las abuelas se están convirtiendo en padres dos veces, utilizando sus exiguas pensiones mensuales (alrededor de $ 113 dólares) y subsidios de manutención infantil (alrededor de $ 27 dólares) para mantener a sus hijos, que no pueden encontrar trabajo, así como a sus nietos.

«Nuestras subvenciones no son suficientes», dice Hadi, refiriéndose a las subvenciones de pensiones y manutención de los hijos de muchas mujeres que crían a sus nietos. «Queremos luchar contra la pobreza, pero es difícil». Señala su estómago. «Estamos hambrientos», dice ella. La pobreza a la que Hadi se refiere significa una vida en la que sobreviven con subsidios sociales y lo que pueden producir a través de la jardinería, el rebordeado y el pan para hornear. La mayoría vive sin electricidad y agua corriente.

Las mujeres con más de 60 años, la edad de elegibilidad para una pensión, representan casi el 11 por ciento de los hogares sudafricanos, o 1,5 millones de hogares administrados por abuelas. Los testimonios de las mujeres de Tabase revelan que sus maridos están muriendo de silicosis, una enfermedad pulmonar por la inhalación de sílice en las minas, ser víctimas de crímenes violentos o convertirse en esclavos del alcoholismo o el desempleo.

De hecho, las estadísticas de criminalidad del país pintan un cuadro morboso, con 122 asesinatos en Mthatha en 2016, convirtiéndolo en el distrito con la segunda tasa de asesinatos más alta en el Cabo Oriental.

«Mi marido perdió la cabeza en las minas», dice Nonzezile Mkunga. «Estaba mentalmente perturbado cuando finalmente regresó a casa». La salud mental del esposo de Mkunga podría haber sido influenciada por las condiciones de trabajo inhumanas de los mineros en Sudáfrica donde la caída de rocas, la mala paga, las largas horas y las crueles condiciones de vida siguen siendo una realidad cotidiana .

Las mujeres mayores de Mthatha buscan activamente mecanismos de supervivencia que sustenten a sus hijos, esposos y nietos. Lo hacen no solo para sobrevivir, sino para invertir en sus nietos, para quienes imaginan un futuro sin tal sufrimiento. La razón principal de esta situación es el apartheid y sus políticas socioeconómicas que continúan moldeando y remodelando las vidas y los medios de subsistencia de los sudafricanos negros, particularmente aquellos en la base de la pirámide económica.

«Aunque no tenemos apoyo formal, nos unimos para pedir ayuda». Por ejemplo, cuando el dinero de la subvención no es suficiente, compartimos harina para hornear para hacer pan para que podamos alimentar a nuestros invitados cuando visitan. O compartimos nuestros vegetales que cultivamos en el jardín, como la cebolla, la espinaca, el repollo, las zanahorias y las papas «, dice Hadi.

Gougatha, un viuda, sale de la habitación y regresa con una bolsa. Ella lo pone boca abajo y coloridos collares isiXhosa se derraman sobre la mesa.

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Ella envuelve una alrededor de su cuello con una sonrisa en su rostro. El gobierno ha donado a las mujeres máquinas de coser y latas para hornear pan, pero ahora están acumulando polvo, ya que el edificio es uno de los pocos que no cuenta con electricidad.

Comprender el valor y el papel de las mujeres mayores en las comunidades es clave para redactar políticas que los respalden a ellos y a sus familias. Las máquinas de coser son simplemente ornamentos sin electricidad para alimentarlas. Las latas para hornear son simplemente recipientes sin hornos para hornear pan. Las subvenciones sociales son inadecuadas cuando no se administran de manera eficiente. Los encargados de servicios y políticas públicas necesitan hablar con sus realidades vividas. Los hogares pobres dependen principalmente de la estructura familiar extendida y esta es una realidad que debe tenerse en cuenta.

Hasta entonces, las ancianas de Mthatha pueden hacer poco más de lo que ya hacen. De pie frente a las hileras de coles, Hadi cierra los ojos e inclina la cabeza hacia el cielo tempestuoso de arriba. «Lo que me hace tener esperanza es que nuestros hijos están sobreviviendo …» comienza, antes de lanzar una oración, en silencio primero, pero cada vez más fuerte hasta que es casi un grito y las lágrimas gotean por las comisuras de sus ojos.

Fuente: Al Jazeera

Mujeres Agricultoras: Semillas de Cambio y Seguridad Alimentaria

Campesinas Peruanas Protestam por su Derecho a la Tierra

Campesinas Peruanas Protestan por su Derecho a la Tierra

En los últimos años, se ha registrado un creciente reconocimiento de la decisiva importancia de la contribución de las mujeres a la seguridad alimentaria. En la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres rurales constituyen el pilar de la agricultura de pequeña escala, del trabajo agrícola y de la cotidiana subsistencia de la familia. Los esfuerzos para aliviar la pobreza rural y mejorar la seguridad alimentaria no tendrán el esperado éxito si no toman en consideración las cuestiones relativas a las mujeres como productoras y proveedoras de alimentos. Estas cuestiones incluyen la contribución de las mujeres al suministro de alimentos e ingresos al hogar, el acceso a los recursos productivos y el impacto de las reformas de las políticas sobre los papeles económico y social de las mujeres así como la seguridad alimentaria del hogar.

Muchos estudios revelaron que aunque existe una amplia variedad de modelos de producción de hogar, las mujeres desempeñan en todas las regiones del mundo un papel predominante en la seguridad alimentaria del hogar, mediante la producción agrícola y alimentaria. El agrupamiento de los ingresos de los miembros del hogar suele ser una condición indispensable para la supervivencia, ya que ni los miembros masculinos ni los femeninos suelen recibir, por si solos, ingresos adecuados para sostener a todos los miembros del hogar. El aporte relativo de ingresos que un miembro del hogar aporta a determinados partidas de los gastos esenciales, forma parte, a menudo, de tradiciones sociales. Sin embargo, la responsabilidad directa de la provisión de alimentos recae en gran medida en las mujeres, al igual que la responsabilidad de mejorar la seguridad alimentaria y los niveles de nutrición del hogar es asociado al acceso de la mujer al ingreso y su papel en la toma de decisiones en materia de gasto familiar.

El documental «Mujeres Semillas de Cambio» muestra la labor de las mujeres campesinas de Centro América y el Caribe a favor de la seguridad alimentaria de sus familias y el costo personal y social que implica su dedicación a la mantención de sus familias.

En casi todos los países, los hogares encabezados por mujeres se concentran entre los estratos más pobres de la sociedad y, a menudo, tienen menores ingresos que los hogares encabezados por hombres. Los problemas que enfrentan los hogares varían en función de su grado de acceso a los recursos productivos, tierra, crédito y tecnologías incluidos.

Además, y pese a que las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental y predominante en la producción de alimentos, las mismas suelen carecer de acceso a los servicios agrícolas. Por ejemplo, la falta de propiedad de la tierra limita el acceso de las mujeres agricultoras al crédito, ya que la tierra se toma en general como garantía. La afiliación a las cooperativas tiende a su vez a ser basada en la propiedad de la tierra o en el criterio de «jefe de hogar» y, por consiguiente, excluye a las mujeres. También, la capacitación y servicios de extensión han sido, en la práctica, predominantemente orientados hacia los hombres. El mejoramiento de la seguridad alimentaria del hogar puede lograrse solamente si las mujeres agricultoras, además de los hombres agricultores, tienen acceso a los servicios agrícolas. Habría que enfatizar también la necesidad de incorporar en las políticas y programas de seguridad alimentaria del hogar, los obstáculos que las mujeres enfrentan para obtener esos servicios.

Muchas políticas y programas de desarrollo agrícola deben aún abordar adecuadamente las necesidades de los pequeños agricultores, sobre todas aquellas relativas a las mujeres. Si bien han habido iniciativas para integrar a las mujeres rurales en las actividades de desarrollo agrícola bien a través de proyectos directos, de las Unidades MED (Mujer en el Desarrollo), o bien mediante las organizaciones nacionales de la mujer, uno de los principales impedimentos para la incorporación de las cuestiones relativas al género en esas actividades ha sido la falta de datos precisos acerca de la naturaleza y el papel de las contribuciones de las mujeres a la producción alimentaria y agrícola

Generalmente, la mayor parte de los esquemas de reforma agraria aplica la división de la tierra en explotaciones separadas en base al concepto de «jefe de familia», tal como ya se señaló. Ello supone que la propiedad de la tierra pase, en general, a los jefes de hogares masculinos, quienes detentan así la máxima autoridad legal sobre el uso de la tierra y su utilización como garantía para obtener crédito, aún estando ellos ausentes del hogar.

El impacto de los programas de reajuste estructural sobre la seguridad alimentaria del hogar es una de las principales áreas de interés e inquietud en las políticas. Los cambios registradas en las oportunidades de empleo y de generación de ingresos, acompañados de la reducción de los programas de subsidios gubernamentales, han tenido un efecto adverso, cuantitativa y cualitativamente, sobre el consumo de alimentos.

Los vínculos decisivos entre el medio ambiente y el papel que las mujeres rurales desempeñan para garantizar la seguridad alimentaria exigen, cada vez más, medidas de políticas tendientes a potenciar la participación de las mujeres en los programas de desarrollo rural, sobre todo en las áreas forestales y de suministro de energía. Las instancias de decisión y formulación de políticas así como los planificadores deberían reconocer que las mujeres deben participar en el desarrollo rural a pie de igualdad con los hombres y compartir plenamente las mejoradas condiciones de vida en las áreas rurales. Asimismo, deberían reconocer que la integración de los papeles y necesidades de las mujeres en el paradigma del desarrollo es una condición indispensable para el logro de los programas de desarrollo rural.

Es necesario promover el papel de las mujeres como productoras y proveedoras de alimentos y, por consiguiente, enfatizar la importancia de la seguridad alimentaria del hogar. Los gobiernos deberían seguir facilitando y potenciando las contribuciones de las mujeres al crecimiento agrícola y la mitigación de la pobreza rural. Ello consolidará la disponibilidad y estabilidad de los suministros alimentarios, asegurando el acceso a los alimentos de todas las personas.