Un grupo de jornaleras marroquíes expone la vulnerabilidad ante posibles abusos de mujeres extranjeras, analfabetas, solas y pobres.

Fátima se aprieta los pechos y, a continuación, se frota la vagina con una mano. Simula varios empujones al aire. La temporera marroquí, madre de dos hijos, describe el supuesto abuso de su jefe, un empresario de la fresa de Huelva. Ella gritó y lloró mientras él intentaba besarla a la fuerza y bajarle el pantalón, recuerda. Estaba furiosa y lo empujó hasta zafarse. “Entró como un animal. No iba a dejar que me desnudase. Antes lo mato”, relata con la ayuda de una intérprete.

Fátima es una de las ocho mujeres que en los últimos días han denunciado acoso o abuso sexual en los campos de fresa de Huelva. Sus denuncias han sido recogidas en cuarteles de la Guardia Civil y enviadas a la fiscalía de la provincia. Su experiencia no representa un calvario generalizado —este año han llegado a Huelva para trabajar en el tajo 17.000 mujeres marroquíes—, pero sí la denuncia explícita de una realidad que se esconde bajo la alfombra desde hace una década: la vulnerabilidad ante posibles abusos, más allá de los laborales, de mujeres extranjeras, analfabetas, solas y pobres. Cuatro de ellas aceptaron contar sus casos, bajo la condición de no revelar sus identidades.

A finales de abril la revista alemana Corrective.org, en colaboración con Buzz Feed Noticias, publicó un reportaje sobre los abusos laborales y sexuales en los campos italianos, marroquíes y españoles, en concreto, de Huelva. Aunque los alemanes resucitaron un tema que siempre ha estado latente, los empresarios y los sindicatos mayoritarios se unieron para negar tener conocimiento de ningún caso. La patronal lo achacó a una campaña de desprestigio de los competidores europeos contra la fresa onubense, un negocio fundamental para la provincia y que, según fuentes del sector, facturó 395 millones de euros en la campaña de 2016-2017.

Pero las denuncias empezaron a gotear en los cuarteles y en la prensa. El testimonio de dos víctimas y dos testigos de abusos sexuales en un campo de Moguer llevó a la detención, el 25 de mayo, de un manijero español de 47 años, responsable de supervisar el desempeño de las jornaleras. Las mujeres denunciaron que las chantajeaba con dejarlas sin trabajo si no mantenían relaciones sexuales con él. Quedó en libertad con cargos.

Por entonces, la Consejería de Justicia andaluza ya había pedido a la fiscalía de Huelva una investigación. El ministerio público, además, comenzó a rastrear si había denuncias sobreseídas desde 2015. “Las primeras denuncias nos parecieron serias. Las mujeres no se atrevían a declarar y tuvo que ir la Policía y la Guardia Civil a localizarlas”, mantiene el fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, en su despacho. En Marruecos, algunos medios ya exigían explicaciones a su ministro de Trabajo, responsable de la contratación en origen de las mujeres que todos los años envían a los campos españoles durante un mínimo de tres meses.

Fátima y otras nueve mujeres, que escaparon de la misma finca, llevan desde el martes escondidas en una casa de un pequeño pueblo andaluz de fachadas blancas, enclavado entre hectáreas de olivos. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) las acogió y las alejó de Huelva para garantizar que, al menos, las cuatro que han denunciado hasta ahora, ratifiquen su testimonio ante un juez. Dos abogados de AUSAJ están con ellas desde el principio y cuidan de la causa pro bono.

El SAT está siendo acusado de forzar a las mujeres a contar los abusos. Dos compañeras de estas mujeres se presentaron esta semana en un cuartel de la Guardia Civil para denunciar, en representación de otras 130 jornaleras, que sus compañeras mentían. Las acusaban de denunciar a sus jefes a cambio de poder quedarse en España y criticaban que la repercusión estaba preocupando a sus familias en Marruecos y que podrían prohibirles volver la temporada que viene. La ley de extranjería contempla una autorización de residencia para circunstancias excepcionales, como colaboración con las autoridades policiales o judiciales, pero no es una garantía y su concesión no depende de un sindicato. “Nosotros no ganamos nada con esto. De hecho solo nos están atacando. Pero no podemos permitir que siga sucediendo”, se defiende José Blanco, uno de los miembros del SAT.

Los pasaportes de estas diez mujeres están recién estrenados y muchos de ellos firmados con una equis porque no saben ni escribir su nombre. Han salido por primera vez de Marruecos para recoger fresas por 40 euros al día y servir de sustento a sus familias. Su perfil es el que buscan los Gobiernos marroquí y español para evitar que tras la temporada de recogida se queden en España: viudas, casadas o separadas, de 18 a 45 años, procedentes de zonas rurales y con hijos de hasta 14 años. Relatan que, en el campo, vivían en contenedores de chapa, amueblados con seis literas y sin agua potable. Los vídeos ­–grabados con sus teléfonos móviles– de los días lluviosos muestran cómo el agua se cuela a chorros por el techo. Aseguran que no cobraron nada por su trabajo y que tenían dificultades para comprar comida.

Aicha, madre de dos hijos, está embarazada de siete meses. Eso no le importó al empresario que entró en su dormitorio sin autorización, la cogió del brazo, intentó tocarle los genitales y, según la denuncia, le propuso mantener relaciones sexuales. En otra ocasión, cuando iba camino de la ducha, el mismo hombre se acercó de nuevo. Por gestos ella le dijo que estaba embarazada y casada, a lo que él le respondió –también gesticulando– que podría hacerle una felación o practicar sexo anal. “Esto no se lo conté a la policía por vergüenza y me arrepiento”, confiesa. Tras uno de esos episodios, Aicha sufrió un ataque de ansiedad. Nadie la llevó al médico. Tuvo que hacer autoestop para llegar a un centro de salud. Cuando cuenta que vino a España para conseguir pagar una operación que uno de sus hijos necesita, se desmorona. La intérprete, que hasta entonces se había mostrado distante, también rompe a llorar.

Otras dos mujeres de la casa corroboran el relato de sus compañeras y también denunciaron a su jefe. Con él aprendieron el significado de la expresión “friqui friqui” que solía ir acompañada de un billete de 50 euros. Estas mujeres afirman que las temporeras más veteranas a las que llaman “alcahuetas” las animaban a aceptarlo. Este periódico ha contactado con uno de los responsables de la empresa que ha declinado hacer declaraciones.

La jornalera embarazada no quiere volver a Marruecos, pero no por anhelar quedarse en España: “Ahora no puedo volver porque mi familia y la de mi marido me matarán. Tengo mucho miedo”. La repercusión mediática de los supuestos abusos y de una revuelta que protagonizaron en la finca llegó a los muros de Facebook de los suyos. Su marido la reconoció en las imágenes y le preguntó sobre los abusos. Ella le negó ser una de las víctimas. “Lo único que quiero es que se demuestre la verdad de nuestra historia”, mantiene. “Tengo que recuperar mi dignidad”.

María Marti y Sara Rosati para El País